En las últimas semanas, un grupo de una docena de jóvenes está rompiendo la tranquilidad de los vecinos en la diputación cartagenera de La Palma. El presidente de la Junta Vecinal, Pedro Obradors, ha pedido incluso refuerzo policial a los agentes municipales del destacamento de Pozo Estrecho, que son los que se encargan de patrullar las calles palmesanas.
La oleada de actos vandálicos ha llegado incluso hasta el cementerio de la diputación, que está situado a las fueras del pueblo. Allí, según los vecinos, se han llevado muchos artilugios de metal, sobre todo de acero. Creen que podría ser para venderlos o por simple capricho. Por fortuna, los palmesanos sostienen que no se han provocado destrozos en las tumbas, pese a que dos familiares se quejan de que han desaparecido pequeñas imágenes religiosas que tenían junto a sus seres queridos. Asimismo, Obradors confirma que durante la festividad de Todos los Santos se produjeron múltiples hurtos de flores, con afán de ser vendidos los ramos en otros camposantos. «La gente no deja ni a los muertos en paz», lamenta.
Ya en el centro del pueblo, los vándalos han arrancado el poyete que hay en la subida de acceso al teatro. Además, en el centro cívico han roto la puerta para poder entrar al patio, así como algunos cristales. También han destrozado un par de papeleras que hay en la zona, las cuales han 'colocado' ya en alguna chatarrería para sacarse unos euros, sospechan.
Recientemente, comenta el presidente de la Junta Vecinal, han forzado la puerta metálica del garaje de una vecina para llevarse algunos objetos de poco valor que la mujer guardaba en él.
Chalés millonarios destrozados
Lo que pudo ser un lugar idílico para vivir a pocos minutos en coche de la ciudad de Cartagena y las playas se ha convertido en una mole de ladrillos en la que la maleza y los amigos de lo ajeno campan a sus anchas. Se trata de una promoción de chalés adosados que hay alrededor del centro del pueblo de La Palma, a pocos metros de la iglesia. «Los rateros han desvalijado todas las cosas de valor que había en las viviendas. Se han llevado hasta la carpintería metálica de las ventanas. No han dejado nada», cuenta Obradors. Hace un año llegaron a vivir incluso okupas en estas casas. Algunas de las viviendas de esta zona están habitadas de forma legal. El resto, 14 adosados, están deshabitados y completamente desvalijados. El presidente de la Junta Vecinal desvela que «un empresario del Campo de Cartagena se ha interesado recientemente en comprarlas, pero el banco le ha pedido 100.000 euros por cada chalet, cuando no valen ni la mitad de lo que le piden»
Fuente: Diario La Opinión de Cartagena.
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