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martes, 21 de marzo de 2017

Acusan a la Iglesia de "estafar" a los vecinos de La Palma por escriturar el cementerio.

Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) lidera su particular 'cruzada' para que el Ayuntamiento y los cartageneros recuperen aquellas propiedades que la Iglesia ha puesto a su nombre por medio del proceso de inmatriculación, un privilegio que perdió la institución religiosa tras la reforma de la Ley Hipotecaria en 2014.

Para ello, CTSSP pedirá en el pleno municipal que el Gobierno local reclame a los religiosos los bienes inmatriculados. De hecho, la formación afín a Podemos denunció la semana pasada que el Obispado escrituró a su nombre el 50% de un local social situado junto a la iglesia de Santa Anta. En esta ocasión, la 'guerra' que libra el partido morado contra la Jerarquía Eclesiástica tiene un nuevo campo de batalla: el cementerio de La Palma.

Francisco Martínez, edil de CTSSP, tiene en su poder la documentación que acredita que «el Obispado de Cartagena adquirió mediante inmatriculación el pleno dominio del cementerio de La Palma, de 11.021 metros cuadrados de superficie, mediante escritura fechada el 18 de diciembre de 2014, tal como consta inscrito en el Registro de la Propiedad». Ante esto, Martínez acusa a la Iglesia de «estafar» a los vecinos de la diputación cartagenera.

El concejal añade, además, que «el Obispado inmatriculó el cementerio meses después de que se conociera que el Gobierno estatal del Partido Popular (PP) iba a reformar la Ley Hipotecaria para quitar este privilegio de la Jerarquía Eclesiástica». Algo que vino propiciado por una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En cuanto al camposanto de La Palma, Martínez dice que «ni el Gobierno municipal del PP de Barreiro, ni los gobiernos anteriores, movieron un dedo por inscribir la propiedad del cementerio como bien público».

Sepelio 'bendecido' por el cura

Asimismo, el edil expone que «si la actitud del Ayuntamiento resultó lamentable, consideramos que fue peor la de la Iglesia, que 'convenció' a cada uno de los propietarios a perder la titularidad de los enterramientos, mediante entrega de los títulos de propiedad, que pagaron en su momento, a cambio de simples títulos de derecho de enterramiento. Pasando así de propietarios a tener la obligación de solicitar por escrito al cura de la parroquia de La Palma el derecho personal a usar las unidades de enterramiento, concesión condicionada a que el difunto hubiera sido fiel a la Iglesia, y limitada solamente al peticionario, su cónyuge e hijos».


En respuesta dichas acusaciones, Pedro Obradors, presidente de la Junta Vecinal de La Palma y miembro del Partido Popular, asegura que «no hay ningún engaño de la Iglesia, porque la necrópolis ha sido toda la vida de la parroquia». No obstante, Obradors reconoce que el Obispado mandó cartas a las familias en 2014, año en que se cambió la Ley, para pedirles que acreditaran cuáles eran sus nichos y panteones. 

El presidente vecinal recalca que «el cementerio nunca ha sido municipal y siempre lo ha gestionado la parroquia y sus fieles». Asimismo, añade que «no ha cambiado nada, la Iglesia no nos va quitar los nichos». Lo que pasa, según Obradors, «es que algunos vecinos se han confundido a raíz de la carta que mandó en 2014 la Diócesis para que acreditáramos las tumbas».


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